La crisis ha puesto contra las cuerdas la situación financiera de las familias y las empresas por la restricción del crédito bancario, pero el Partido Popular ha encontrado suficiente liquidez en el mercado para costear su actividad. De 2009 a 2011, en plenas investigaciones sobre la presunta financiación irregular del PP en el caso Gürtel y coincidiendo con las elecciones generales de noviembre de ese año,
los ingresos declarados de Génova por donaciones privadas crecieron un 215%,
según el último informe del Tribunal de Cuentas sobre la contabilidad de los partidos políticos correspondiente a esos tres años.
El documento refleja que los populares ingresaron por donaciones 679.820 euros en 2009 y 537.679 en 2010, pero en 2011 esa partida se disparó hasta los 2,1 millones de euros. Crecieron tanto sus ingresos por donaciones de particulares como las correspondientes a personas jurídicas, a pesar del deterioro generalizado de las condiciones económicas. Así, las aportaciones de personas físicas declaradas por el PP pasaron de 491.120 euros en 2009 y 394.470 en 2010, a incrementarse en 2011 hasta los 766.670. En total, en ese lapso, las donaciones de particulares crecieron un 56,1%.
Sin embargo, el concepto que registró la mayor subida fue el de las donaciones procedentes de personas jurídicas. Las empresas privadas contribuyeron a la financiación del PP con 188.700 euros en 2009 y con otros 143.200 en 2010. Pero en 2011 Génova batió esas marcas consiguiendo, según el informe del Tribunal de Cuentas, engrosar su caja con 1.378.400 euros mediante esta vía. Es decir, en sólo 12 meses sus ingresos por donaciones de personas jurídicas aumentaron un 862%.
Este fuerte incremento contrasta con el comportamiento que registraron las donaciones del PP en 2008 tras la entrada en vigor de la
reforma de la Ley de Financiación de Partidos del año anterior, que
obligó a las formaciones a revelar los datos de todos sus donantes. A partir de ese momento,
las donaciones privadas de los populares cayeron un 72%. Sin embargo, en el periodo fiscalizado ahora por el Tribunal de Cuentas, que coincide con los primeros tres años del caso Gürtel (saltó en febrero de 2009), el caso que investiga la presunta financiación irregular de los populares mediante aportaciones opacas de contribuyentes privados, las donaciones declaradas por el PP, en especial las de personas jurídicas, crecieron exponencialmente.
Desfase en las sedes de Barcelona y Lérida
Esa nueva normativa, más exigente con la contabilidad de los partidos, no ha evitado que siga existiendo un desfase en la caja del Partido Popular. La inspección del Tribunal de Cuentas subraya que en los tres años sometidos a escrutinio han aparecido donaciones por valor de 379.594 euros indebidamente justificadas. En concreto, no fueron canalizadas a través de las cuentas bancarias habilitadas por el partido para estas aportaciones, tal y como obliga la ley. Además, los autores de las entregas no fueron identificados. Esas cantidades “corresponden en su mayoría a las sedes territoriales [del PP] de Barcelona y Lérida”, asegura el informe. “A este respecto, el partido manifiesta en el trámite de alegaciones que, si bien el importe a nivel global coincide, existen dificultades para conciliar los importes individuales que figuran en la relación de la memoria con los datos registrados en las cuentas contables”.
El documento también detalla que el PP recibió en 2009 aportaciones de 17 sociedades diferentes, en 2010, de seis compañías distintas y, en 2011, coincidiendo con las elecciones generales, el número de donantes jurídicos diferentes se disparó hasta el medio centenar.
El Tribunal de Cuentas ha detectado otra irregularidad en dos estas aportaciones al PP porque las empresas que las efectuaron tenían contratos vigentes con la Administración Pública en el momento de realizarlas. En concreto, el informe menciona una entrega de 1.500 euros en 2010 y otra de 15.000 en 2011. Se trata de otra prevención establecida en la reforma de la Ley de Financiación de Partidos de 2007. En este caso, el objetivo es combatir que el sector privado pueda utilizar las aportaciones a los partidos para tratar de conseguir adjudicaciones públicas. En la práctica, el alcance del control es muy limitado. De hecho, la alarma no se activa si la empresa donante acaba de concluir su relación contractual con el Estado o está a punto de comenzarla.
