miércoles, 25 de junio de 2014
Espía en el congreso Corrupción Partitocracia Casa Real Economía Justicia Univ Ciudadanos Mass Media Deportes Cultura Espía Prisas para aforar a Juan Carlos: es uno de los 54 españoles que recurrió a la mafia Gurtel en Suiza
El chino Gao Ping y el rey Juan Carlos utilizan al mismo testaferro suizo. Majestad ¿Se puede investigar?
Las prisas para aforar judicialmente y con ello intentar blindar a Juan Carlos de Borbón tienen al menos una explicación y la acusación es clara, directa y concreta. La formula el mejor periodista de investigación de España, Manuel Cerdán, que fue director en la época dorada de “Interviú” y hoy escribe lo que puede en “El Confidencial”: el ciudadano y ex jefe de Estado, Juan Carlos de Borbón, es uno de los 32 españoles y 22 empresas hispanas que poseen parte de su fortuna escondida en Suiza. Estas 54 personas físicas y jurídicas están asesoradas en ese país por Arturo Fasana, de 59 años, un gestor suizo de fondos que salió a colación en el “caso Gürtel” por mover y administrar a través de la cuenta “Soleado” un total de 18 millones de euros del capo de esa mafia político-empresarial, Francisco Correa. Y la cuenta de clientes españoles de Farsana en Suiza ha movido 15.000 millones de euros en los últimos años, según la policía.
El chófer de Correa esperaba a Fasana en Zarzuela
“El fiduciario suizo realizaba sus operaciones a través de Rhone Gestion, a la que los policías helvéticos señalan como una sociedad dedicada a “la gestión de fortunas”, informa Cerdán. Y asegura que hay pruebas de que Fasana estuvo en elPalacio de la Zarzuela de visita y, tras una cita con un personaje que habitaba en este domicilio público, le recogió Andrés Bernabé, el chófer deCorrea. Hasta existe un informe policial incorporado a un sumario de la Audiencia Nacional sobre los viajes de “negocios” de Fasana a España, y del que Manuel Cerdán tiene además pruebas de que está incompleto: posee un billete de avión del propio Fasana que no está registrado en el dossier policial.
Juan Carlos y Corinna: una relación oficial y mercantil
Y otro indicio más: Arturo Fasana pagaba hasta300.000 euros anuales a Corinna zu Sayn Wittgenstein, “amiga íntima” de Juan Carlos que se hace pasar por “princesa”. Sufragaba así sus viajes “de negocio y placer” en un avión privado, unjet Citacion Excel XLS con capacidad para seis personas. Su belleza servía de “gancho” para buscarle clientes. “En más de una ocasión, los empleados del aeropuerto de Torrejón, desde donde partían los vuelos de Madrid, pudieron comprobar que uno de sus acompañantes era DonJuan Carlos”, desvela Cerdán.
Gao Ping, a la salida de la Audiencia Nacional
En esa época, además, Corinna vivía en dependencias del Estado aledañas a Palacio, concretamente en la finca “La Angorrilla”, y usaba transporte y escolta policial, según el Sindicato Unificado de Policía (SUP). Estaba además estrechamente relacionada con Iñaki Urdangarín a través de la empresa “Mixta Africa” y se supone que a ambos los presentó su suegro. Hasta ella misma se jactó públicamente de realizar servicios “de Estado” a España que en realidad eran negocios de empresas españolas con monarquías árabes. ¿Se entienden ahora las premuras de Mariano Rajoy para aforar al ex-monarca y las súplicas al PSOE para que abjure hasta de su republicanismo de boquilla y blinde apresuradamente su teórica inmunidad?.
Fasana: si “canta” hunde España
El “broker” Arturo Fasana está localizado por la policía española y hasta su despacho privado en Ginebra ha sido registrado por una comisión rogatoria desplazada desde España y encabezada por el inspector Manuel Morocho. Incluso ha comparecido ante la Audiencia Nacional hablando un perfecto español. ¿Por qué no se le detiene?. Una mano negra, o regia, siempre para todos los golpes y el propioCerdán se teme de donde viene: “¡Deje usted eso en su sitio. Si le enseño el contenido de esa carpeta hunden a España!”, le dijo Fasanaal inspector Morocho cuando curioseaba por las estanterías de su despacho ginebrino. Morocho acompañaba a su jefe, el comisarioJosé Luis Olivera, a la agregada del Ministerio del Interior en la Embajada española de Berna, y a un abogado-asesor externo del Ministerio. En representación de las autoridades helvéticas los asistió el fiscal Mastroianni, un policía y un agente judicial. Para las fuentes policiales consultadas por Manuel Cerdán, la cuenta “Soleado” ha cumplido la función de cuenta nodriza por donde han pasado unos 15.000 millones de euros en los últimos años. El fiduciario suizo la bautizó así por el clima soleado de España, la procedencia de sus mejores clientes.
Manuel Cerdán, un periodista valiente. Como premio lo echaron de “Interviú” como a Maraña (Infolibre)
“Arturo Fasana, el contable de la Gürtel y gestor de la cuenta “Soleado”, realizó al menos una visita al Palacio de la Zarzuela en el verano de 2008. Su presencia en el complejo real era reservada, por lo que no figuraba en la agenda oficial. Pero esa confidencialidad fue rota por el propio bróker helvético. A la salida de palacio le esperaba un automóvil Audi A8, de color azul oscuro, y su conductor no era otro que Andrés Bernabé, el chófer de Francisco Correa, con quien había concertado una cita ese mismo día. A partir de ese momento, Fasana quedaba retratado ante uno de sus clientes, que utilizaba sus servicios en Ginebra. El fiduciario helvético, a través de Rhone Gestión, tenía una amplia cartera de empresarios españoles a quienes, por medio de un entramado societario, les garantizaba opacidad para colocar su dinero en paraísos fiscales. De esa manera, mediante sociedades instrumentales, sorteaba los controles de la Agencia Tributaria”, añadeCerdán.
Fasana y el equipo de Rhone Gestion
“La Policía sabe que Fasana está considerado como uno de los diez agentes fiduciarios más importantes de Ginebra y, posiblemente, el primero que más volumen de negocio tramita para clientes españoles. Él y su socio, Bertrand Hagger,gestionan una cartera de entre treinta y cuarenta hombres de negocios españoles. El contable les garantiza la opacidad y en esa tarea financiera lo ayudan su hijo Yannick y el abogado Dante Canónica. Todos ellos, hasta que estalló el caso Gürtel en febrero de 2009, se desplazaban con frecuencia a Madrid. Fasana viajaba también con asiduidad a Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, Navarra y País Vasco, donde disfruta de una larga lista de clientes. Todo ello queda acreditado en el sumario por sus entradas y salidas del país y los aeropuertos de destino”, desvela Cerdán.
Los famosos “Albertos” (Cortina y Alcocer): amigos de Juan Carlos
Nuestro colaborador Carlos Márquez resume lo que ocurrió en aquel despacho de Ginebra: “Los policías tienen tiempo de constatar que hay nombres muy conocidos de empresarios españoles: Ramón Blanco Balín (abogado imputado en la trama Gürtel), los “Albertos” (Alberto Cortina y Alberto Alcocer, amigos y compañeros de caza de Juan Carlos), un empresario cuya constructora cotiza en el IBEX 35, empresarios vascos, socios numerarios del Opus Dei, políticos catalanes y las siglas de dos importantes instituciones del Estado. Los policías, a su vuelta a España, elaboran un informe sobre la cuenta “Soleado” que se perderá en la burocracia de la Secretaria de Estado del Ministerio del Interior dirigida entonces por Antonio Camacho”.
Correa y su ayudante “El Bigotes” con sus esposas en la boda de Anita Aznar
Entre los 32 españoles y 22 sociedades que administra Fasana con Rhone Gestion, el capo de la Gürtel, Francisco Correa, ocupa un segundo nivel en la lista de clientes con sus 21 millones de euros. Pero los jueces y policías a los que han parado los pies desde “arriba” saben que los “peces gordos” están en el Credit Suisse, con un depósito abierto a través de un DNI reservado de los que el Ministerio del Interior facilita a las Fuerzas de la Seguridad del Estado para sus “operaciones encubiertas”. La revista “Interviú” publicó, en marzo de 2013, que otras dos cuentas, utilizando DNIs reservados, se habían abierto en el Bank of Scotland de Zúrich (propiedad del Banco de Santander) y elPrivate Bank de Ginebra en donde Corinna podría haber recibido comisiones a cambio de intermediación entre empresas españolas y extranjeras. El juez Antonio Pedreira recabó de las autoridades suizas la información bancaria sobre tan enigmática cuenta y la fiscalía helvética mandó los datos, pero cuatro abogados personados en la causa Gürtel afirman que desconocen el paradero actual de la contestación helvética. Otro misterio que los políticos del régimen (Gobierno y Oposición) tratan de ocultar. Nadie ha preguntado en el Parlamento.
Sanz Roldan (CNI) engañó a los diputados que se dejaron engañar
“Corinna residía largas temporadas en la Finca la Angorrilla, cercana al palacio de la Zarzuela, propiedad del Patrimonio Nacional y que había sido remodelada para que la augusta residente se encontrara plenamente a su gusto. La seguridad de la lobbista, según diversas fuentes, estaba a cargo de agentes del CNI”, recuerda Carlos Márquez. Y es que el abuso durante todos estos años de opacidad regia ha sido de tal calibre que cuandoJuan Carlos alegó que el dinero de su cuenta suiza solo recogía la herencia de su padre Juan III, Conde de Barcelona, al que le birló el trono por orden de Franco, nadie le creyó. Y además tampoco había tributado por ello. Félix Sanz Roldan, director del CNI, fue interpelado en la Comisión de Secretos Oficiales sobre los dineros suizos de Juan Carlos y de Corinna pero lo negó todo. A piés juntillas los únicos diputados de la oposición que se lo “tragaron” fueron Cayo Lara (IU), Rosa Díez (UPyD). Los representantes de PP-PSOE ni preguntaron, en uno de los episodios más ignominiosos de la historia parlamentaria reciente.
Gao Ping, camino de la cárcel
Pero más sorpresas esperaban en el fondo del armario. En octubre de 2010 el juez Fernando Andréu realiza una gran operación dirigida contra la llamada “mafia china”, involucrada en evasión de capitales, blanqueo de dinero, contrabando y delitos contra la Hacienda Pública. El principal imputado es el ciudadano chino, Ping Gao, el cual se autodenomina Gao Ping debido a la posible carga de mofa que su nombre y apellidos puedan tener en castellano. Dentro del sumario del Caso Emperador aparecía con mucha frecuencia el nombre de “Arturo” en las conversaciones intervenidas a los imputados. La duda la despejó el empresario Antonio Banús Ferré, sobrino del famoso promotor inmobiliario que da nombre al puerto de Marbella, a instancia del juez Fernando Andréu del juzgado número 4 de la Audiencia Nacional: “Arturo” es…. Arturo Fasana”.
Informe policial en la Audiencia Nacional sobre Fasana: les quema a todos
El juez Andréu, también imputó a María Margarita Borbón Dos Sicilias Lubomiska, su hermana María Inmaculada Borbón, y la hija de ésta, María Ilia García de Sáez Borbón, a los que la Casa Real definía como “familiares lejanos del rey”. Y en el transcurso de la operación policial, salió a relucir otra prueba más: una foto de Gao Ping con Juan Carlos. Sin embargo, un muro de silencios y complicidades se tejió de nuevo: el juez Ismael Moreno, en mayo de 2014, rechazó imputar en la causa sobre la supuesta red de blanqueo liderada por Gao Ping al contable en Suiza de la trama Gürtel, Arturo Fasana, concluyendo brevemente que esta prueba “resulta improcedente e innecesaria” para esclarecer los hechos investigados…
ENCUESTA:
FUENTES:
Más de 80 países reclaman que la ONU penalice los abusos de multinacionales
La Marea
mar, 24 jun 2014 12:52 CDT
nacionales y garantizar que las víctimas de abusos de derechos humanos por parte de estas empresas puedan acceder a mecanismos mediante los que recibir protección, justicia y reparación. Son, a grandes rasgos, las dos exigencias que tanto Ecuador, con el respaldo de más de 80 países, y la red mundial de la sociedad civil Alianza por el Tratado (Treaty Alliance), en nombre de más de 500 organizaciones, está reclamando en la 26ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que concluirá el próximo 27 de junio. Dos peticiones con muchos puntos en común, pero también con recorridos, consecuencias y reivindicaciones algo distintas.
La más antigua y la más completa de las dos es la elaborada por la Campaña Internacional Desmantelando al Poder Corporativo, que aglutina a cientos de organizaciones civiles que llevan, al menos, seis años trabajando sobre este tipo de propuestas. La génesis de la Campaña fue el Tribunal Permanentes de los Pueblos (TPP), una herramienta de la Fundación Lelio Basso que, entre 2006 y 2010, actuó como un tribunal ético, con un gran impacto mediático gracias a que quienes conformaban el jurado eran juristas, jueces y defensores muy reconocidos de DDHH.
Estos tribunales actuaron como una herramienta fundamental para hacer visible cómo las violaciones que cometen las multinacionales en América Latina, África y Asia son sistemáticas. Tal y como explica la investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) Erika González, este tipo de violaciones abarcan todos los ámbitos de los DDHH.Por un lado, "políticos y civiles por medio de la represión militar y paramilitar de las oposiciones sociales a grandes proyectos de multinacionales, represión, persecución, asesinato o detenciones".
Pero también violaciones de derechos sociales, económicos y culturales, "cuando se impide a la población acceder a bienes básicos para una vivienda digna como son las pensiones, el agua o la electricidad, derechos colectivos relacionados con los desplazamientos de los que son víctimas tanto las poblaciones campesinas como los pueblos indígenas, violación de los derechos ambientales por la destrucción de ecosistemas, acuíferos, zonas protegidas y parques nacionales", explica González.
El último de los juicios que el TPP realizó fue en Madrid en el año 2010. Allí volvieron a constatar que empresas como Aguas de Barcelona, Canal de Isabel II, Bayer, BBVA, HSBC, Banco Santander, Benneton, Endesa, Unión Fenosa, Telefónica Pescanova o Repsol YPF han destruido el medio ambiente, vulnerado los derechos laborales básicos u obligado a comunidades autóctonas a abandonar sus hogares para dejar vía libre a la construcción de las empresas en determinados lugares.
Los ejemplos más recientes, tal y como recuerda González, son "el desastre de 2013 en Rana Plaza, Bangladesh, que quitó la vida a 1132 trabajadores (en su mayoría mujeres), la masacre de 2012 de Marikana que mató a 34 mineros en Sudáfrica, la creciente destrucción causada por Shell en la región de Ogoni y por Chevron en la Amazonia ecuatorial así como las violaciones de los derechos humanos relacionadas con la Mina de carbón en Cerrejon, Colombia".
Todos estos ejemplos no son más que una muestra de la impunidad de la que gozan las multinacionales, a pesar de que la ONU insiste en que hay un consenso internacional respecto a la funcionalidad de los dos mecanismos con los que cuentan actualmente: el Global Compact y los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, elaborados por John Ruggie, que actúan más como recomendaciones que como herramientas coercitivas de obligado cumplimiento. "Ya sea por la Organización Mundial del Comercio, por los tratados de libre comercio, por los tratados bilaterales de inversiones o por los tratados que realizan las empresas multinacionales, la realidad es que se ha generado una armadura legal que protege a estas empresas, sus derechos comerciales están contemplados en contratos muy eficaces, que si un Estado no lo cumple, la empresa lo denuncia ante un tribunal de arbitraje como es el Ciadi en el Banco Mundial o La Haya en el de la ONU", denuncia González.
Tal y como se ha demostrado en la práctica, "la mayoría de esas sentencias se resuelven en contra de los Estados; es decir, que encima son los países los que tienen que pagar una multa a la empresa. Una muestra clara de que los derechos de estas empresas están fuertemente garantizados en oposición a los DDHH, que están integrados en lo que se conoce como "derecho blando" ya que no hay mecanismos eficaces que se respeten. Ni las comunidades, ni las organizaciones ni siquiera un Estado puede denunciar a una empresa ante una instancia internacional", recuerda.
La propuesta de Ecuador
Fue en septiembre del año pasado, en el marco de la 25ª sesión del Consejo de DDHH, cuando la Misión de Ecuador ante la ONU promovió por primera vez un una declaración que hablaba sobre la necesidad de elaborar de manera inmediata un tratado que obligara a las multinacionales a respetar los derechos de los ciudadanos y la normativa de los países en los que decidían instalarse. Esta declaración contó con el apoyo del Grupo Africano, el Grupo Árabe, Pakistán, Sri Lanka, Kirguistán, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Venezuela y Perú. En total, más de 80 países entre los que destacan las ausencias de países aparentemente afines como Argentina o Uruguay.
Para la investigadora de OMAL, la postura de Ecuador respecto a la necesidad de proponer este debate en la ONU "viene tanto de lo que ya estaban moviendo las organizaciones internacionales como del problema que ha tenido el Gobierno con Chevron, empresa que recientemente lo ha demandado ante el tribunal de La Haya por la multa ejemplar que le impusieron los tribunales ecuatorianos, no sólo para no tener que pagar la multa sino para que Ecuador tenga que indemnizar a esta empresa por daños y perjuicios. A diferencia de los movimientos sociales, la iniciativa de Ecuador -que Erika González cree que irá en la línea de lo propuesto por John Ruggie y contendrá reivindicaciones más ambiguas- está relacionada con un trabajo institucional,. Esta propuesta será la que, junto con el resto de los países que la secundan, tenga posibilidades de que se lleve a cabo ya que, como recuerda González, "quienes participan en la ONU son los Estados, no las organizaciones sociales".
A pesar de las más de 80 naciones de todo el mundo que apoyan la iniciativa de Ecuador, el papel global de los gobiernos cuyos ciudadanos son víctimas de abusos por parte de muchas multinacionales no es homogéneo. Por un lado están los países cómplices como, según señala Erika González, Colombia, Perú, Guatemala o México, que son ejemplos claros "de gobiernos funcionales a los intereses de las transnacionales; todas sus decisiones políticas y sus leyes benefician las inversiones y los negocios de las transnacionales y se priorizan en detrimento de los DDHH".
En el lado opuesto hay otros gobiernos, "como Venezuela, Bolivia, Ecuador, que están dentro del ALBA, y, en algunas cosas también Argentina, que han tomado decisiones o han elaborado leyes que incrementan la soberanía de los gobiernos del sur en la toma de decisiones políticas, que han repercutido negativamente en los intereses comerciales de las empresas transnacionales". Aunque González destaca que esto no quiere decir que se opongan férreamente a las multinacionales. De hecho, en Bolivia, Venezuela y Ecuador "siguen trabajando transnacionales en sectores como la minería o el petróleo que siguen atentando contra el medio ambiente y contra los derechos de los indígenas o de las comunidades cercanas a las zonas donde se establecen, y sus gobiernos siguen firmando acuerdos y contratos con ellas".
Semana de reivindicaciones en Ginebra
Durante la última semana de la 26ª sesión Consejo de Derechos Humanos de la ONU (entre el 23 y el 27 de junio), la Campaña Internacional Desmantelando al Poder Corporativo tiene prevista en Ginebra una serie de movilizaciones con dos objetivos claros. Primero, presionar a los integrantes de la ONU encargados de decidir si la resolución que ha presentado Ecuador sale adelante. Pero también conseguir la mayor visibilización posible para el tratado que las organizaciones sociales han elaborado (más exhaustivo de lo que, probablemente, haya presentado el gobierno de Rafael Correa) y que se presentará durante la semana de movilizaciones.
Las posibilidades reales de que la ONU habilite mecanismos para juzgar de manera efectiva a las multinacionales son escasas. Ya en 2011, cuando se aprobaron los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y DDHH, las organizaciones sociales lograron que se colara en el debate la necesidad de elaborar un tratado internacional vinculante. Sin embargo, el propio John Ruggie, relator especial de la ONU sobre este asunto y responsable de la elaboración de estos principios rectores, se mostró reticente al respecto. Y es que, según afirmó, dado que hay 80.000 multinacionales, y millones de subsidiarias más, supervisar el cumplimiento de este tratado superaría la capacidad de la mayoría de los gobiernos, y si se creara un organismo supranacional a tal efecto, le ocurriría lo mismo.
Por su parte, Erika González valora positivamente que en algunos países, gracias a la resistencia y la lucha protagonizadas por los movimientos sociales durante años, se ha conseguido llevar a juicio a algunas transnacionales y que se reconozca oficialmente que ha habido una violación de DDHH. "Un ejemplo muy claro es el de Chevron, en Ecuador, después de más de 10 años de lucha por parte de las comunidades afectadas. O el caso del pueblo mapuche, en Argentina, contra Repsol y contra YPF por todos los años de contaminación de su territorio y que había repercutido en su población".
En otras ocasiones, los países donde tenían establecida la sede las multinacionales han juzgado a estas empresas gracias a los mecanismos de extraterritorialidad. "Por ejemplo, Amigos de la Tierra Internacional denunció a los tribunales holandeses la violación de DDHH e impacto ambiental de Shell en el Delta del Níger y el año pasado consiguió que un tribunal juzgara algo que había hecho una empresa de su país en otro lugar". Pero son casos aislados y, a veces, poco eficaces, ya que las multinacionales condenadas deciden no cumplir con la pena que se les impone sin sufrir ninguna consecuencia.
Y esta una de las herramientas básicas que exigen desde la Campaña: "Que se pueda juzgar a las empresas en sus países de origen por una vulneración de derechos cometida en otros lugares", concluye González.
© AAE
Rafael Correa, presidente de Ecuador, junto a los restos de carburantes de Chevron.
Rafael Correa, presidente de Ecuador, junto a los restos de carburantes de Chevron.
Estos tribunales actuaron como una herramienta fundamental para hacer visible cómo las violaciones que cometen las multinacionales en América Latina, África y Asia son sistemáticas. Tal y como explica la investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) Erika González, este tipo de violaciones abarcan todos los ámbitos de los DDHH.Por un lado, "políticos y civiles por medio de la represión militar y paramilitar de las oposiciones sociales a grandes proyectos de multinacionales, represión, persecución, asesinato o detenciones".
Pero también violaciones de derechos sociales, económicos y culturales, "cuando se impide a la población acceder a bienes básicos para una vivienda digna como son las pensiones, el agua o la electricidad, derechos colectivos relacionados con los desplazamientos de los que son víctimas tanto las poblaciones campesinas como los pueblos indígenas, violación de los derechos ambientales por la destrucción de ecosistemas, acuíferos, zonas protegidas y parques nacionales", explica González.
El último de los juicios que el TPP realizó fue en Madrid en el año 2010. Allí volvieron a constatar que empresas como Aguas de Barcelona, Canal de Isabel II, Bayer, BBVA, HSBC, Banco Santander, Benneton, Endesa, Unión Fenosa, Telefónica Pescanova o Repsol YPF han destruido el medio ambiente, vulnerado los derechos laborales básicos u obligado a comunidades autóctonas a abandonar sus hogares para dejar vía libre a la construcción de las empresas en determinados lugares.
Los ejemplos más recientes, tal y como recuerda González, son "el desastre de 2013 en Rana Plaza, Bangladesh, que quitó la vida a 1132 trabajadores (en su mayoría mujeres), la masacre de 2012 de Marikana que mató a 34 mineros en Sudáfrica, la creciente destrucción causada por Shell en la región de Ogoni y por Chevron en la Amazonia ecuatorial así como las violaciones de los derechos humanos relacionadas con la Mina de carbón en Cerrejon, Colombia".
Todos estos ejemplos no son más que una muestra de la impunidad de la que gozan las multinacionales, a pesar de que la ONU insiste en que hay un consenso internacional respecto a la funcionalidad de los dos mecanismos con los que cuentan actualmente: el Global Compact y los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, elaborados por John Ruggie, que actúan más como recomendaciones que como herramientas coercitivas de obligado cumplimiento. "Ya sea por la Organización Mundial del Comercio, por los tratados de libre comercio, por los tratados bilaterales de inversiones o por los tratados que realizan las empresas multinacionales, la realidad es que se ha generado una armadura legal que protege a estas empresas, sus derechos comerciales están contemplados en contratos muy eficaces, que si un Estado no lo cumple, la empresa lo denuncia ante un tribunal de arbitraje como es el Ciadi en el Banco Mundial o La Haya en el de la ONU", denuncia González.
Tal y como se ha demostrado en la práctica, "la mayoría de esas sentencias se resuelven en contra de los Estados; es decir, que encima son los países los que tienen que pagar una multa a la empresa. Una muestra clara de que los derechos de estas empresas están fuertemente garantizados en oposición a los DDHH, que están integrados en lo que se conoce como "derecho blando" ya que no hay mecanismos eficaces que se respeten. Ni las comunidades, ni las organizaciones ni siquiera un Estado puede denunciar a una empresa ante una instancia internacional", recuerda.
La propuesta de Ecuador
Fue en septiembre del año pasado, en el marco de la 25ª sesión del Consejo de DDHH, cuando la Misión de Ecuador ante la ONU promovió por primera vez un una declaración que hablaba sobre la necesidad de elaborar de manera inmediata un tratado que obligara a las multinacionales a respetar los derechos de los ciudadanos y la normativa de los países en los que decidían instalarse. Esta declaración contó con el apoyo del Grupo Africano, el Grupo Árabe, Pakistán, Sri Lanka, Kirguistán, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Venezuela y Perú. En total, más de 80 países entre los que destacan las ausencias de países aparentemente afines como Argentina o Uruguay.
Para la investigadora de OMAL, la postura de Ecuador respecto a la necesidad de proponer este debate en la ONU "viene tanto de lo que ya estaban moviendo las organizaciones internacionales como del problema que ha tenido el Gobierno con Chevron, empresa que recientemente lo ha demandado ante el tribunal de La Haya por la multa ejemplar que le impusieron los tribunales ecuatorianos, no sólo para no tener que pagar la multa sino para que Ecuador tenga que indemnizar a esta empresa por daños y perjuicios. A diferencia de los movimientos sociales, la iniciativa de Ecuador -que Erika González cree que irá en la línea de lo propuesto por John Ruggie y contendrá reivindicaciones más ambiguas- está relacionada con un trabajo institucional,. Esta propuesta será la que, junto con el resto de los países que la secundan, tenga posibilidades de que se lleve a cabo ya que, como recuerda González, "quienes participan en la ONU son los Estados, no las organizaciones sociales".
A pesar de las más de 80 naciones de todo el mundo que apoyan la iniciativa de Ecuador, el papel global de los gobiernos cuyos ciudadanos son víctimas de abusos por parte de muchas multinacionales no es homogéneo. Por un lado están los países cómplices como, según señala Erika González, Colombia, Perú, Guatemala o México, que son ejemplos claros "de gobiernos funcionales a los intereses de las transnacionales; todas sus decisiones políticas y sus leyes benefician las inversiones y los negocios de las transnacionales y se priorizan en detrimento de los DDHH".
En el lado opuesto hay otros gobiernos, "como Venezuela, Bolivia, Ecuador, que están dentro del ALBA, y, en algunas cosas también Argentina, que han tomado decisiones o han elaborado leyes que incrementan la soberanía de los gobiernos del sur en la toma de decisiones políticas, que han repercutido negativamente en los intereses comerciales de las empresas transnacionales". Aunque González destaca que esto no quiere decir que se opongan férreamente a las multinacionales. De hecho, en Bolivia, Venezuela y Ecuador "siguen trabajando transnacionales en sectores como la minería o el petróleo que siguen atentando contra el medio ambiente y contra los derechos de los indígenas o de las comunidades cercanas a las zonas donde se establecen, y sus gobiernos siguen firmando acuerdos y contratos con ellas".
Semana de reivindicaciones en Ginebra
Durante la última semana de la 26ª sesión Consejo de Derechos Humanos de la ONU (entre el 23 y el 27 de junio), la Campaña Internacional Desmantelando al Poder Corporativo tiene prevista en Ginebra una serie de movilizaciones con dos objetivos claros. Primero, presionar a los integrantes de la ONU encargados de decidir si la resolución que ha presentado Ecuador sale adelante. Pero también conseguir la mayor visibilización posible para el tratado que las organizaciones sociales han elaborado (más exhaustivo de lo que, probablemente, haya presentado el gobierno de Rafael Correa) y que se presentará durante la semana de movilizaciones.
Las posibilidades reales de que la ONU habilite mecanismos para juzgar de manera efectiva a las multinacionales son escasas. Ya en 2011, cuando se aprobaron los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y DDHH, las organizaciones sociales lograron que se colara en el debate la necesidad de elaborar un tratado internacional vinculante. Sin embargo, el propio John Ruggie, relator especial de la ONU sobre este asunto y responsable de la elaboración de estos principios rectores, se mostró reticente al respecto. Y es que, según afirmó, dado que hay 80.000 multinacionales, y millones de subsidiarias más, supervisar el cumplimiento de este tratado superaría la capacidad de la mayoría de los gobiernos, y si se creara un organismo supranacional a tal efecto, le ocurriría lo mismo.
Por su parte, Erika González valora positivamente que en algunos países, gracias a la resistencia y la lucha protagonizadas por los movimientos sociales durante años, se ha conseguido llevar a juicio a algunas transnacionales y que se reconozca oficialmente que ha habido una violación de DDHH. "Un ejemplo muy claro es el de Chevron, en Ecuador, después de más de 10 años de lucha por parte de las comunidades afectadas. O el caso del pueblo mapuche, en Argentina, contra Repsol y contra YPF por todos los años de contaminación de su territorio y que había repercutido en su población".
En otras ocasiones, los países donde tenían establecida la sede las multinacionales han juzgado a estas empresas gracias a los mecanismos de extraterritorialidad. "Por ejemplo, Amigos de la Tierra Internacional denunció a los tribunales holandeses la violación de DDHH e impacto ambiental de Shell en el Delta del Níger y el año pasado consiguió que un tribunal juzgara algo que había hecho una empresa de su país en otro lugar". Pero son casos aislados y, a veces, poco eficaces, ya que las multinacionales condenadas deciden no cumplir con la pena que se les impone sin sufrir ninguna consecuencia.
Y esta una de las herramientas básicas que exigen desde la Campaña: "Que se pueda juzgar a las empresas en sus países de origen por una vulneración de derechos cometida en otros lugares", concluye González.
Visto en: sott.net
Cloruro de Magnesio: Cura para el Chikungunya
Cloruro de Magnesio: Cura para el Chikungunya
Editores SOTT
SOTT en español
lun, 23 jun 2014 00:20 CDT
© Alamy
El aedes Aegypti y Aedes albopictus son transmisores de la enfermedad
El aedes Aegypti y Aedes albopictus son transmisores de la enfermedad
La fiebre Chikungunya no para de expandirse por Latinoamérica y otros países del mundo. Transmitido por la picadura del mosquito Aedes aegyptiy Aedes albopictus produce fiebre, acompañado de dolor en las articulaciones. Otros síntomas y molestias durante la fase crónica pueden incluir fatiga y depresión, además de dolores musculares, dolores de cabeza, nausea, fatiga y sarpullidos. La mayoría de los pacientes se recuperan totalmente, pero en algunos casos, el dolor articular puede persistir de manera crónica.
El tratamiento es sintomático y consiste principalmente en la administración de acetaminofén para aliviar los dolores. La cloroquina también ha sido prescripta pero se trata de una sustancia de alta toxicidad y de delicada administración. Sin embargo hay reportes de que el cloruro de magnesio ha sido utilizado exitosamente en el tratamiento de esta enfermedad.
Marie Billi, Consejera Municipal en Niza, Francia, fue quien promovió el uso del cloruro de magnesio como agente curativo en las Islas Reunión, departamento de ultramar francés.
Conociendo el poder del cloruro de magnesio para aumentar las defensas naturales del cuerpo contra los virus, Marie Billi envió más de 400 fax a los municipios y demás instancias institucionales para recomendar su uso. Más que utilizar su condición de concejal de la ciudad de Niza para enviar estos mensajes, la Sra. Billie se basó en su experiencia personal. Primero curando la mononucleosis infecciosa y, durante sus viajes a África, tuvo la oportunidad de ver la efectividad del cloruro de magnesio en acción en ciertas enfermedades graves como la malaria.
Aparte de producir heces blandas a altas dosis, la ingesta de cloruro de magnesio está contraindicada para personas con insuficiencia renal, miastenia gravis, ritmo cardíaco lento patológico y excesivo, y obstrucción mecánica del intestino. En tales casos, se debe dar bajo la supervisión medica.
El tratamiento es sintomático y consiste principalmente en la administración de acetaminofén para aliviar los dolores. La cloroquina también ha sido prescripta pero se trata de una sustancia de alta toxicidad y de delicada administración. Sin embargo hay reportes de que el cloruro de magnesio ha sido utilizado exitosamente en el tratamiento de esta enfermedad.
Marie Billi, Consejera Municipal en Niza, Francia, fue quien promovió el uso del cloruro de magnesio como agente curativo en las Islas Reunión, departamento de ultramar francés.
Conociendo el poder del cloruro de magnesio para aumentar las defensas naturales del cuerpo contra los virus, Marie Billi envió más de 400 fax a los municipios y demás instancias institucionales para recomendar su uso. Más que utilizar su condición de concejal de la ciudad de Niza para enviar estos mensajes, la Sra. Billie se basó en su experiencia personal. Primero curando la mononucleosis infecciosa y, durante sus viajes a África, tuvo la oportunidad de ver la efectividad del cloruro de magnesio en acción en ciertas enfermedades graves como la malaria.
"En lo personal, por más de treinta años, no tomamos ninguna otra cosa, y viajamos por todo el mundo (en regiones con problemas sanitarios críticos), sin vacunación ni medicaciones y no hemos tenido problemas.Marie Billi recomienda la ingesta de 1 litro de cloruro disolviendo 20 gramos por cada litro lo antes posible al ataque (inevitablemente seguido de diarrea), y luego continuar en caso de necesidad con 3 vasos al día de tratamiento durante un período de 20 días.
Independientemente de la enfermedad, el cloruro de magnesio aumenta de forma significativa las defensas naturales del cuerpo y, por lo tanto, hace que aumente la capacidad de cada individuo para responder a los ataques externos, virus, bacterias, etc. Estoy firmemente convencida que el SARS, la gripe aviar, etc. son fácilmente curables con cloruro de magnesio. También ha sido utilizado en animales y muchos criadores que conozco han tratado la peste porcina, la mastitis, la tembladera, etc.
Durante mis viajes en el extranjero (en Kosovo durante la guerra, Asia, Chiapas, África) en una misión humanitaria, he experimentado diversas patologías y observé siempre efectos beneficiosos inmediatos, a veces incluso con sorpresa. Los resultados con la malaria han sido fabulosos."
Cuando empezamos a hablar del problema del chikungunya en Reunión, de inmediato pensamos que el cloruro de magnesio podría aliviar a los enfermos. ¿Por casualidad? Un amigo vino el fin de semana a casa y estaba hablando con unos amigos de Reunión que estuvo paralizado durante más de tres meses, sufriendo mucho. Le aconsejé tomar el cloruro de magnesio, y dos días después respondió: "Su material es terrible de beber, pero no tengo dolor en ninguna parte, puedo caminar normalmente y he vuelvo al trabajo" Otras tres personas que conozco también lo han tomado con los mismos resultados. Sí, lo sé, 4 personas no es un muestreo científico, pero yo sentía que no tenía derecho a guardar silencio y tuve que poner esta información en conocimiento del público, la libertad de tomarlo o no es suya."
Aparte de producir heces blandas a altas dosis, la ingesta de cloruro de magnesio está contraindicada para personas con insuficiencia renal, miastenia gravis, ritmo cardíaco lento patológico y excesivo, y obstrucción mecánica del intestino. En tales casos, se debe dar bajo la supervisión medica.
Visto en: sott.net
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Comentario: En SOTT conocemos desde hace tiempo la importancia que tiene el magnesio para una buena salud, por su participación en numerosos procesos enzimáticos del cuerpo y por sus efectos relajantes. Para más información consultar:
Magnesio: La chispa de la vida
El Magnesio actua contra las enfermedades crónicas
El magnesio es mucho más importante de lo que se pensaba