El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), con los 11 votos a favor del equipo de Gobierno, formado por PP y Ciudadanos por Alcázar (CxA), y los 10 votos en contra del PSOE, ha aprobado este miércoles la adjudicación de la empresa municipal Aguas de Alcázar a una UTE formada por Aqualia y Trainsa.
Esta decisión se ha tomado en un pleno en el que algunos vecinos han increpado a los miembros del equipo de Gobierno, especialmente, al portavoz de CxA, Ángel Montealegre.
Desde el equipo de Gobierno, su portavoz, Ángel Puente, ha defendido la decisión tomada ante la situación económica de la empresa, con un déficit cifrado en unos 8 millones de euros, asegurando que la gestión mixta garantiza la viabilidad de la misma, dando continuidad a la plantilla y estabilidad a los precios del servicio.
Esto ha sido puesto en duda por la portavoz socialista, Rosa Melchor, quien ha considerado que la decisión “ata” al Ayuntamiento para los próximos 25 años, ya que la cobertura del déficit se hará a través de un préstamo al Ayuntamiento que habrá de pagarse al final de ese período.
En posterior rueda de prensa, además de los procesos judiciales en marcha contra la privatización, Melchor ha anunciado que el PSOE va a presentar un recurso ante el Tribunal Especial de Contrataciones del Ministerio de Hacienda.
Según Melchor, esta iniciativa, de manera obligatoria, paralizará la adjudicación hasta el momento en que el Ministerio de Hacienda decida sobre el fondo de la cuestión.
Consulta
Por su parte, en declaraciones a Europa Press, Luís Miguel López, uno de los portavoces de la Plataforma contra la privatización del agua, ha dicho que van a estudiar continuar con la consulta popular que tienen prevista tras anunciar Delegación y Subdelegación del Gobierno que la misma sería ilegal y que está dispuestos a impedirla
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