Las fuentes desvinculan el aplazamiento -previsiblemente hasta la próxima semana- de la polémica generada tras conocerse algunos detalles del articulado, como la posibilidad de multar con 600.000 euros las concentraciones no autorizadas ante el Congreso de los Diputados o la de imponer 30.000 euros a quien insulte a un policía.
Desde Interior aseguran que la razón se debe a que los servicios jurídicos del Ministerio han constatado que aún faltan algunos flecos por matizar en este borrador y que sería precipitado que lo aprobase mañana el Consejo de Ministros.
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