La Ley de Seguridad Ciudadana, que busca impulsar el Gobierno español, recuerda el franquismo, así consideran las principales asociaciones de jueces de España.
“Este proyecto castiga de una forma autoritaria muy discutible”, denuncian Jueces para la democracia, al pedir al Gobierno que no castigue a quienes expresan su disconformidad.
La asociación declara que algunos puntos del anteproyecto son inconstitucionales, porque castiga a ciudadanos por realizar “ni delitos ni faltas, sino nuevas formas de ejercer la libertad de expresión y del ejercicio al derecho de manifestación”.
Según un nuevo borrador de ley, elaborado por el Ministerio del Interior español, los ciudadanos que realizan escraches o actos de protesta prohibidos o no comunicados, graban a agentes de seguridad o los insultan serán multados por infracciones administrativas de carácter muy grave.
Por su parte, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria califica el plan de innecesario, expropiatorio y un “límite indebido” al ejercicio de los derechos fundamentales y constitucionales del pueblo, al indicar que “es una ley que más bien recuerda a la ‘ley de Vagos y Maleantes’ o a la ‘Ley de rehabilitación social’ que existía en el franquismo”.
Esas asociaciones concluyen que pagar las tasas elevadísimas, de acuerdo al nuevo plan, es una violación al derecho de manifestación y al derecho a la libertad de expresión, que se ven doblemente cercenadas por el exceso del legislador.
Por su parte, los activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) han convocado una jornada de “Desobediencia General” en el día que el Consejo de Ministros apruebe esta polémica ley.
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