Joaquim Bosch critica la injerencia del organismo internacional al pedir a los juzgados españoles que avalen los despidos derivados de la reforma laboral.
El Fondo Monetario Internacional"parece querer convertirse en una divinidad de adoración obligatoria", al reprochar a los jueces españoles estar perjudicando la reforma laboral del Gobierno con una interpretaciòn restrictiva de los despidos. Es la opinión del portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, que ha criticado duramente en un comunicado al FMI por sugerir "la supresión del poder judicial en material laboral y la vuelta a las relaciones laborales del siglo XIX".
El portavoz de la asociación progresista de jueces destaca que el FMI quiere que "nuestros tribunales actúen de acuerdo con unos objetivos económicos prefijados, sin tener en cuenta los derechos de las partes en los procedimientos laborales". De ese modo, olvida que "la jurisdicción social española resuelve jurídicamente los litigios con una ponderación adecuada de los legítimos derechos e intereses de las empresas y de los trabajadores, a través de las soluciones correctas jurídicamente para cada caso concreto".
Bosch recuerda al organismo internacional que "las personas no pueden ser tratadas como mercancías que están sujetas absolutamente a las leyes del mercado, por lo que su dignidad implica la protección de sus derechos fundamentales".
El portavoz de Jueces para la Democracia indica que los jueces españoles únicamente están sometidos al imperio de la ley y de los principios constitucionales, según el ordenamiento jurídico. "Esta actuación judicial es la propia de un Estado Constitucional con división de poderes, en la que nuestros tribunales son la garantía ante cualquier vulneración de derechos", agrega.
Asimismo, considera preocupante que organismos internacionales como el FMI pretendan presentar "como soluciones técnicas e inevitables lo que son meras apuestas ideológicas desde una visión partidista de las relaciones económicas. Por otro lado, las afirmaciones del FMI sobre la actuación de nuestros tribunales carecen del más mínimo rigor, sin que se aporten datos objetivos para valorar la adecuación de las resoluciones judiciales en los casos concretos. En todo caso, cualquier perspectiva sobre la situación económica puede ser muy respetable, siempre y cuando no se pretenda presionar a nuestros tribunales para que dicten resoluciones inconstitucionales".
De este modo, Bosch califica las manifestaciones del FMI como intento de presión a los magistrados de la jurisdicción social "para que dicten sentencias en una determinada dirección, sin valorar las características de cada caso concreto, ni tampoco los derechos de las partes. Por ello, ante semejante injerencia desde Jueces para la Democracia analizaremos pedir la intervención de la Organización Internacional del Trabajo y del Consejo Consultivo de Jueces Europeos".
Además, requieren que el Consejo General del Poder Judicial se pronuncie en defensa de la actuación independiente e imparcial de los magistrados españoles de la jurisdicción social. "Y que se dirija expresamente al FMI para indicarle cuales son los deberes constitucionales de nuestros magistrados, entre los cuales no se encuentra el de seguir los dictados de ningún organismo económico internacional, por muy poderoso que este sea", concluye.
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