Españoles se encierran para detener la privatización del agua en Alcázar de San Juan
El tema es un debate en diversas regiones del país
- La Gran Época
Jue, 27 Feb 2014 14:43 +0000
Embalse de Buendía (España) en la zona de los Baños de la Isabela y Ercávica. (Wikimedia Commons)
Españoles anuncian que todavía se puede parar la privatización del agua en Alcázar de San Juan, comuna de 26 mil habitantes de la comunidad autónoma Castilla-La Mancha, y por ello un grupo se mantiene encerrado en el ayuntamiento desde el 18 de febrero. La privatización del agua surge en los municipios arrastrando profundos debates.
La semana pasada el alcalde Diego Ortega Abengózar del Partido Popular y los concejales, de los cuales cinco renunciaron, adjudicaron por 25 años el servicio municipal de agua a una empresa privada, Aqualia y rechazaron un referéndum que pidió la Plataforma Contra la Privatización del Agua.
22 personas se mantienen encerradas en el ayuntamiento, y realizan turnos para extender su protesta.
“El Sr. Diego Ortega se está aprovechando de la nobleza de su pueblo y le repito esto es indigno. Se le llena la boca con la sagrada palabra: Democracia, y dice que no quiere hacer una consulta popular porque ya las urnas le legitimaron, es cierto, pero le legitimaron para llevar adelante su programa, la venta de aguas no figuraba en él, por tanto esto es un fraude”, agregando que “ustedes no ganaron nunca en las urnas”, advirtiendo que “muchos de los que les votaron les prestaron la mayoría”, dijo Plataforma Contra la Privatización del Agua.
El actual gobierno, formado por una coalición entre el Partido Popular y Ciudadanos por Alcázar divulgó que cuando subió al poder, “encontró la empresa pública de aguas (Aguas de Alcázar) con una deuda de ocho millones de euros generada por los anteriores gestores del PSOE, lo que situaba a la empresa pública en causa legal de disolución”, según El Digital el 20 de febrero.
“El gobierno de este municipio, conservando la titularidad del servicio”, permitió la capitalización con la participación de una empresa privada. Se citó como ejemplo que ya hay 36 municipios privatizados y adjudicados a Aqualia.
Para justificar la decisión de no hacer una consulta pública, Diego Ortega Abengózar destacó que “es importante aclarar que no se regula en nuestra legislación la posible iniciativa o solicitud por parte de los ciudadanos de referéndum, sino que tiene que ser el pleno municipal el que lo decida y que es necesario para el mismo la autorización previa por parte del Gobierno de la Nación”, según difundió El Digital.
“Por todo lo anterior es necesario que la normalidad vuelva a Alcázar, se desalojen las instalaciones municipales y que los mecanismos democráticos y de participación se hagan cumpliendo la Ley. La violencia no puede mover las decisiones de gobierno en una democracia madura”, agregó el alcalde.
El grupo de oposición aseguró ayer que “ante la falta de liquidez han tenido esta mala ocurrencia, estoy seguro de que con un buen entendimiento esto se habría solucionado sin mayor problema”, según Plataforma contra la privatización del Agua.
El grupo además acusó a Ángel Puente, parte del equipo de Gobierno municipal y al concejal de Ciclo Hidráulico, Ángel Montealegre, de “ignorancia” y “delito” respectivamente por la forma en que se tomaron las decisiones de privatización.
“Con la ignominia de la venta de aguas, tanto ustedes dos, como los concejales que la apoyan están traicionando no solo la historia del pueblo de Alcázar de San Juan, sino la memoria de nuestros antepasados que tanto empeño pusieron para que hoy nosotros podamos disfrutar de ello, y desde luego una inmoralidad porque están decidiendo con algo y por algo que no es de su propiedad”, dice el comunicado.
“Espero que no se ponga de moda esto de vender el patrimonio de los alcazareños y lo próximo sea el Torreón de Santa María, como el Sr. Puente no es de aquí y además no se entera, también le daría igual”.
Renuncias de los concejales
En medio de las tensiones por la privatización, el medio Castilla La Mancha destacó hoy que se sumaron cinco de los concejales, de un total de once, del equipo de Gobierno formado por PP y CXA que han renunciado a sus cargos, y que están relacionados a lo que llamó "las controvertidas sesiones plenarias sobre el agua”.
“Benedicto Úbeda, hasta ahora concejal de Cultura, Festejos, Turismo y Medio Ambiente, no asistió a los plenos en los que se rechazó la convocatoria de una consulta sobre la privatización de la empresa municipal de aguas, cuya gestión en la nueva empresa mixta se adjudicó a Aqualia, y obligó al alcalde, Diego Ortega, a utilizar su voto de calidad para aprobar dicho asunto”, agregó Castilla La Mancha.
La renuncia de la concejala de Bienestar Social, Concepción Sánchez, “que presentó su dimisión el pasado 7 de febrero, sí participó”, agregó el medio local.
Encierro pacífico
En relación a la manera que se dan las protestas, salvoincidentes del 19 de febrero, los manifestantes contra la privatización divulgaron hoy sus agradecimientos a los que se encuentran dentro y fuera e incluyeron al comportamiento de la policía.
Quisiéramos agradecer el comportamiento cívico y mesurado de la ciudadanía. Al mismo tiempo agradecer la correcta actuación de la policía local y nacional de Alcázar y lamentamos profundamente el incidente ocurrido el pasado miércoles”, según un comunicado en Mi Ciudad Real.
Debates en Zaragoza
El tema del agua es preocupación también en el resto del país, el activista Pedro Arrojo, profesor de la Universidad de Zaragoza y Premio Goldmann de Medio Ambiente celebrará este 27 de febrero a las 19.00 horas en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación “un repaso a los distintos modelos de privatización de este bien básico, que desde la sociedad se pretende que sea un derecho humano”, informó AraInfo.
Además Arrojo anunció que abordará la situación de Aragón, que definió como un “oscuro proceso de privatización”. Se trataría de un sistema llevado a cabo por el Instituto Aragonés del Agua, a partir de un plan de depuradoras del Gobierno de Aragón. Las intervenciones que se hicieron “deberían motivar una investigación de oficio de la fiscalía anticorrupción”, señaló el profesor, según Arainfo.
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