- La Gran Época
La Tierra vista desde la Luna el 24 de diciembre de 1968, en una fotografía tomada durante la misión Apolo 8.
Compañías privadas, así como también China y Rusia, tienen actualmente sus ojos puestos en la Luna como una fuente de recursos minerales.
Apenas dos años antes de que Neil Armstrong posara sus pies sobre la luna, se firmó un tratado entre Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética. Firmado incluso cuando la carrera por llegar a la Luna estaba en marcha, el Tratado del Espacio Exterior de 1967 declaraba que ninguna nación podría adueñarse de la Luna.
El tratado, sin embargo, fue escrito en un tiempo donde las dificultades presentes eran demasiado reales y las visiones del futuro demasiado tenues. Conceptos como turismo espacial, hoteles orbitales y compañías perforando la Luna en busca de minerales habrían sido tratados como ciencia ficción.
Si avanzas hasta hoy podrás encontrarte con compañías como Virgin Galactic transportando a turistas ricos al espacio, un hombre saltando desde una órbita baja publicitando a Red Bull y con compañías como Planetary Resources and Deep Space Industries intentando minar la Luna por sus recursos.
Mientras que el Tratado Espacial de 1967 estipula lo que los países pueden o no pueden hacer en la Luna, deja a las compañías privadas sin control. Para países como China, donde muchas grandes compañías pertenecen al estado, la línea divisoria entre los intereses del gobierno y los negocios es poco clara.
Tiempo atrás estaba el fallido vehículo lunar chino llamado Yutu o “Conejo de Jade”, que perforaba el polvo lunar gracias al montaje de un sistema de radar de fondo que escaneaba en busca de minerales valiosos. Los intereses de China por estos recursos fueron informados por los medios chinos.
Ouyang Ziyuan, un consejero avanzado del programa lunar chino dijo a la agencia estatal china Xinhua: “Todo el mundo sabe que los combustibles fósiles como el gas y el carbón podrán utilizarse hasta un día determinado, pero hay al menos tres millones de toneladas métricas de helio-3 en la Luna”, informó AFP.
El helio-3, es un gas valioso aquí en la Tierra, pero su único potencial como “combustible” es en la fusión de energía, lo que continúa siendo altamente experimental.
Sin embargo, Rusia también mira a la luna por su helio-3, y planea comenzar con los trabajos de minería para el 2020. El anuncio fue realizado en enero de 2006 por Nikolai Sevastianov, jefe de la corporación rusa de ingeniería espacial Energía.
La NASA esbozó sus propios intereses en la minería lunar. Su Instituto Virtual para la Exploración e Investigación del Sistema Solar sostuvo en un informe que la búsqueda de minerales raros en la Luna podría ser vital para la seguridad nacional.
La Luna es rica en minerales poco comunes en la Tierra, pero en su informe la NASA señala: “Pocos ven a la Luna como un sitio minero atractivo, preparado para la cosecha de elementos importantes en la seguridad estratégica y nacional”.
A esto se añade que en la Tierra, donde China controla alrededor del 95 por ciento de la provisión mundial de elementos raros, las autoridades chinas suelen limitar sus exportaciones.
“China está incrementando de a pellizcos las cuotas sobre tales elementos fuera de su país”, declaró la NASA. “Y mientras la escasez de estos minerales valiosos crece, también crece la preocupación en otras naciones con respecto a la disponibilidad de estos recursos limitados”.
El próximo salvaje oeste
La Luna está en camino de convertirse en la próxima frontera, completada con los magnates espaciales ya inspeccionando el panorama financiero, pero bajo las actuales leyes ciertamente podría tratarse de una frontera sin reglas.
La ley presenta muchas brechas. Si compañías como Bigelpodrow Aerospace tienen éxito construyendo bases lunares, no hay leyes actuales avalando que la posesión de tierras esté permitida. Si compañías como Shackelton Energy Company tienen éxito en la disputa para extraer minerales de un asteroide, no hay leyes refiriéndose a que alguien más también pueda empezar a extraer minerales del mismo asteroide. Y tampoco hay leyes para limitar el daño o la destrucción, o para preservar elementos históricos o visibles de la Luna.
El único factor limitante es que las compañías privadas necesitan la aprobación y supervisión de las naciones que las acogen para cualquier operación, y estas naciones serán las responsables si algo sale mal.
El sistema actual se basa más que nada en la buena fe, y si cada país con actividades espaciales se comportará de forma adecuada todavía está por verse.
Ian Crawford, profesor en el Departamento de Ciencias Terrestres y Planetarias en el Birkbeck College de la Universidad de Londres, cree que para que la minería lunar transcurra sin problemas las empresas privadas necesitan de un marco legal para sus operaciones.
Él también cree que las áreas lunares de importancia científica deberían contar con protección legal.
“El Tratado de 1967 no cubre explícitamente ninguno de estos aspectos, por lo que pienso es una de las razones para actualizarlo”.
“Así como actualmente ninguna nación puede apropiarse de la Luna, también hay una forma de asegurarse que ninguna compañía privada la reclame como propia; aunque de todas formas podrían apropiarse legalmente de los materiales que extraigan por medio de sus propias inversiones”, dijo Crawford.
En cuanto a las áreas de importancia científica presentes, se propone una legislación destinada a hacer precisamente eso. La ley de Herencia del Aterrizaje Lunar del Apolo de 2013 intenta crear parques nacionales lunares alrededor de sitios históricos, y fue referida a un comité del congreso estadounidense en julio de 2013. Sin embargo, pasar la ley está siendo algo difícil, ya que entraría en conflicto con el tratado de 1967.
La NASA también lanzó una propuesta en 2011 para proteger los artefactos lunares, pero su cumplimiento es voluntario.
Según Dale Tietz, director general de Shackleton Energy Company, que intenta minar la Luna en busca de agua y minerales, la comercialización del espacio comenzó cuando el satélite Telstar de AT&T fue puesto en órbita en 1962.
Tietz cree que por el momento el tratado de 1967 funciona como un marco legal, y que “en el futuro, a medida que crezca el mercado y las operaciones necesiten expandirse, pueden surgir nuevas normas y métodos para el beneficio de todos los interesados, tal como ocurre en el ambiente terrestre”.
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