Los desahucios y los nuevos arrestos relacionados con ellos vuelven a provocar la indignación de los españoles. Creen que el Gobierno criminaliza las protestas para desviar la atención de su atrasada política de vivienda.
Este jueves la Policía detuvo a varios de los participantes en una protesta contra el desahucio en enero de un madrileño de 53 años que padece una enfermedad crónica y una grave discapacidad. Las autoridades aseguraron que la operación, conocida como ‘Operación Guinda’, continuará con más arrestos de los activistas, a los que se les incrimina un delito de agresiones a la Policía.
Varios medios locales insistieron en que los detenidos eran radicales de extrema izquierda y apuntaron a la Policía como las víctimas de la agresión. Una versión que según la opinión de Lucía Lois, de la Asamblea de Vivienda Centro de Madrid, es totalmente falsa. Según la activista, las personas que han sido detenidas en los últimos días son vecinos y vecinas de diferentes barrios de Madrid que se manifestaron para evitar que una persona durmiera en la calle.
Oprimir la protesta social es un intento de criminalizar el movimiento ‘Stop Desahucios’, al que las autoridades también intentan desprestigiar diciendo que entre los protestantes hay infiltrados violentos de grupos de extrema izquierda, afirma Lois. De esta manera las autoridades de Madrid y el Gobierno de España intentan desviar el foco de atención, explica la activista, agregando que las autoridades no proporcionan ninguna alternativa habitacional a las miles de personas que están siendo desahuciadas.
El Gobierno no respeta ni las decisiones del Tribunal de Justicia europeo según las cuales las autoridades españolas tienen la obligación de garantizar el realojo de todas las personas que son desahuciadas, explica Lucía Lois. Cree que la culpa es de los gobernantes, que no están cumpliendo las sentencias de los tribunales europeos que exigen a España a tomar medidas frente a esta gravísima crisis habitacional, ya que la UE no puede obligar a Madrid a ciertas actuaciones.
Sin embargo, la UE podría ejercer más presión y obligar de alguna manera al Gobierno español a tomar medidas como moratorias a los desahucios o cambios en la ley hipotecaria para que las familias que pierden sus viviendas porque no pueden seguir pagando una hipoteca no mantengan una deuda de por vida, cree la activista.
“La UE también podría obligar al Gobierno a tener una política de vivienda pública y social muchísimo más avanzada y muchísimo más real”, termina.
RT
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